A partir de 2030, en España estará prohibido vender o alquilar una vivienda que no cuente con la etiqueta energética E como mínimo. Esta medida forma parte de la nueva normativa europea destinada a reducir el consumo energético y las emisiones de CO₂. Las viviendas antiguas se ven especialmente afectadas: se estima que alrededor del 80% de las casas en España no cumplen con este estándar.
España cuenta con un elevado porcentaje de viviendas obsoletas. La edad media de una vivienda es de 43 años y, a menudo, carece de un aislamiento adecuado, doble acristalamiento o sistemas de calefacción eficientes. Muchas de estas viviendas tienen actualmente las etiquetas energéticas F o G, lo que significa que requieren mejoras estructurales, como un mejor aislamiento, ventanas nuevas, sistemas modernos de calefacción o refrigeración, e incluso, en ocasiones, la eliminación de humedades y amianto.
El gobierno se ha propuesto mejorar la eficiencia energética de al menos 1,2 millones de viviendas antes de 2030. Hasta ahora, el ritmo es demasiado lento: entre 2013 y 2023, se rehabilitaron poco más de 100.000 viviendas. Para alcanzar los objetivos, los proyectos de renovación deberán acelerarse significativamente en los próximos años. La nueva política no termina en 2030. Tres años después, en 2033, la normativa se endurecerá aún más: para entonces, todas las viviendas deberán tener al menos la etiqueta energética D para poder venderse o alquilarse. Con esto, la UE pretende hacer que el parque de viviendas sea cada vez más sostenible y contribuir a los objetivos climáticos.
Para los propietarios, esto significa que a menudo son inevitables grandes inversiones. Pensemos en mejorar el aislamiento de paredes y techos, instalar ventanas de alta eficiencia energética, cambiar a bombas de calor u otros sistemas de calefacción sostenibles, e instalar iluminación LED y paneles solares.
Las normas pretenden reducir los costes energéticos para los residentes, disminuir la dependencia de los combustibles fósiles y mejorar la calidad de vida. Pero para millones de hogares españoles, será una carrera contrarreloj para cumplir con los requisitos antes de 2030.
Fuente: Spanje vandaaag